Foto: RL Hevia
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
En medio de la crisis generalizada por la que transita Cuba, buscar el más mínimo detalle para “intervenir” resulta una práctica común en el Gobierno de la Isla que ahora tiene un nuevo objetivo: los puntos de venta en autopistas, vías principales y carreteras del país.
Esta no es una práctica nueva pues con frecuencia se perfilan contra cualquier situación que no representa un problema grave, pero que muestra el “trabajo” para enfrentar las ilegalidades y mantener, o incrementar, los controles.
Destaca entonces que reconocieran “la falta del control y seguimiento de los cuerpos de inspección, organismos, entidades y gobiernos territoriales, en el crecimiento descontrolado en lo referido a la construcción de kioscos y puntos de ventas en las autopistas y vías principales”.
Un tema para el cual, según medios oficiales, el Consejo de Ministros aprobó ejecutar un programa de acciones para eliminar las ilegalidades detectadas de personas naturales y jurídicas.
La justificación es, entonces, mantener “en estricto cumplimiento de lo establecido en los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Urbano y demás obligaciones que establecen las entidades participantes en el proceso”.
A estos puntos se suman, en esta nueva cruzada del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu)– anteriormente conocido como Planificación Física– la construcción de puntos de venta en la franja de vialidad, la evasión de impuestos, la violación de regulaciones urbanas, o la no existencia de contrato o arrendamiento del espacio.
Si bien una de las justificaciones más pronunciadas es que “la dirección del país no tiene nada en contra del funcionamiento de esos puntos de venta”, las persecuciones del Inotu son famosas por varios aspectos: o se corrompen a los inspectores o se cierran los establecimientos de forma definitiva.
Recordemos que en 2023 también se incrementaron los operativos policiales en la Autopista Nacional para atrapar a los vendedores, fundamentalmente de bebidas y alimentos, e imponer multas por el orden de los cinco mil pesos.
Aunque el objetivo del Gobierno sea mantener la legalidad, regresamos al hecho de que el país no tiene cómo mantener los servicios en los tramos de la autopista, aunque en ocasiones estos duplican los precios de cualquier producto. Lo óptimo sería encontrar un punto intermedio donde se mantuvieran las ventas en el marco de lo legal, pero sabemos que, Cuba, siempre hay uno que va a ganar.
