Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Cuba Noticias 360
La crisis económica que atraviesa la Isla ha puesto sobre la mesa una realidad antes poco abordada en los medios oficiales: el trabajo infantil. Un reportaje publicado por Periódico 26, órgano del Partido Comunista en Las Tunas, expone varios casos de menores que, empujados por la precariedad, han asumido responsabilidades económicas en sus hogares, en contraposición con lo que establece la legislación nacional.
Uno de los testimonios más reveladores es el de un adolescente de 16 años, quien, según el medio, se ha convertido en el sostén económico de su familia mediante la producción y venta de carbón. Criado en un entorno donde este oficio se transmite de generación en generación, el joven abandonó sus estudios al no encontrar en ellos una vía tangible para mejorar su situación. “Su dinero es la mayor entrada que garantiza los alimentos en la mesa”, apunta este reportaje.
El fenómeno no se limita a un solo caso. Otro menor de igual edad trabaja junto a su padre cortando yerba en los potreros. Sin embargo, como señala Periódico 26, es el joven quien asume la labor física más demandante, mientras el adulto se encarga de la comercialización. Esta situación, de hecho, se repite en diferentes escenarios, como el de Dany, un niño que vende productos electrónicos importados en el concurrido bulevar tunero.
En este sentido, el artículo corrobora una advertencia reciente de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, la cual reconoció los indicios de este fenómeno durante una visita oficial del primer ministro Manuel Marrero Cruz a Las Tunas, en diciembre de 2024. Como respuesta, se decidió crear una comisión multisectorial, en el marco de las soluciones burocráticas habituales.
Desde el gobierno local, Miguel González Velázquez, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, explicó que la edad legal para trabajar en Cuba es de 17 años. No obstante, reconoció que muchos adolescentes de 14 y 15 años participan en actividades familiares vinculadas a la agricultura o al sector privado informal.
Autoridades educativas como Juan Miguel Barrios, subdirector de Educación en Las Tunas, también se pronunciaron. Este afirmó que ningún niño ha abandonado los estudios por motivos laborales, aunque admitió que algunos adolescentes dejaron de asistir temporalmente para ayudar en labores del campo. «Nos reunimos con los padres, conveniamos días y horarios, y volvieron a clases», aseguró al medio local.
Algunos testimonios de maestros de nivel primario recogen una realidad alarmante: niños de tan solo 12 años que venden dulces dentro de los salones o pan en sus barrios tras terminar la jornada escolar. Una práctica que, aunque normalizada por algunos, constituye claramente una forma de trabajo infantil.
Desde el marco jurídico
La fiscal Daisy Torres Álvarez subrayó los riesgos legales y sociales que enfrentan las familias que permiten o promueven estas prácticas. “Los adolescentes no están preparados física ni mentalmente para tratar con personas inescrupulosas en entornos de venta callejera”, recordando que inducir a un menor al trabajo es un delito penado por la ley.
Y es que, el marco jurídico cubano establece con claridad las responsabilidades de los adultos en la protección de la infancia. El Código de las Familias regula la responsabilidad parental, la cual debe ejercerse siempre en beneficio del interés superior del menor, respetando su grado de madurez y el libre desarrollo de su personalidad. Esta normativa reconoce a los niños como sujetos de derechos, y obliga a padres y madres a garantizar su bienestar físico, emocional y educativo.
En complemento, el Código Penal vigente —actualizado en coherencia con tratados internacionales sobre derechos de la infancia— contempla sanciones severas contra el empleo de menores. El artículo 329 penaliza a quien utilice a una persona menor de 17 años para trabajar, incluso con el consentimiento del propio menor o de sus tutores.
Las sanciones incluyen prisión y medidas accesorias como la suspensión de licencias económicas, la inhabilitación profesional y la pérdida de la responsabilidad parental, según el caso. Estas disposiciones buscan frenar un fenómeno que, aunque oficialmente condenado, continúa ganando terreno ante el peso de la necesidad.
En un país donde la protección de la niñez ha sido proclamada históricamente como un principio fundamental, permitir que los menores asuman cargas económicas frente al deterioro de las condiciones de vida es una señal alarmante del fracaso de los mecanismos de asistencia y justicia social. Más allá de la respuesta legal o burocrática, la solución exige una transformación estructural que devuelva a los niños el derecho a vivir su infancia con dignidad, juego y educación, sin ser empujados al mundo adulto por la urgencia de sobrevivir.
