Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: RRSS
Seis años se cumplen del secuestro de los médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández en Kenia. Y el gobierno de la Isla sigue sin dar respuestas claras. De hecho, no ha emitido un solo pronunciamiento público al respecto en los últimos diez meses.
El silencio sigue latente. Más todavía cuando se trata de dos profesionales enviados a una zona peligrosa, bajo un contrato que le generaba miles de dólares al Estado cubano.
Ambos fueron enviados a trabajar a Mandera, en la frontera con Somalia, una región que los médicos locales evitaban por temor a ataques terroristas. Fue en abril de 2019, cuando Al-Shabab los secuestró. Y justo en febrero de 2024, hace poco más de un año, el grupo yihadista anunció que habían muerto durante un bombardeo de AFRICOM. El gobierno de la Isla no lo ha confirmado ni desmentido.
El último pronunciamiento fue un post en X del ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez en junio del año pasado. Desde entonces, ni un parte oficial, ni una declaración en medios, ni una actualización a la población. El caso ha quedado en el limbo informativo, como tantos otros temas que el gobierno prefiere enterrar.
El argumento oficial es que la información es «escasa y contradictoria». El propio MINREX ha culpado públicamente a Estados Unidos por la falta de datos. Mientras tanto, nadie dice si las familias recibieron apoyo, si hay gestiones activas, o si se reconoce oficialmente la muerte de los médicos.
Y todo ello, más allá del trágico suceso, expone las condiciones en las que operan miles de profesionales cubanos exportados por el régimen: enviados a zonas remotas, en situaciones precarias, y con la mayor parte de su salario embolsado por el Estado. Una maquinaria que prioriza ingresos por encima de la seguridad de su personal.
Después del secuestro, el Gobierno trasladó al resto de los médicos a zonas más seguras en Kenia. Pero no paró de enviar profesionales a regiones peligrosas. En México, por ejemplo, un grupo de galenos cubanos tuvo que ser retirado de Sinaloa por cuestiones de seguridad. La narrativa oficial insiste en presentar estas misiones como «gestos de solidaridad».
Si el Estado reconoce oficialmente la muerte de los doctores, se podría activar las pensiones por viudez y para los hijos de las víctimas. La ley cubana, por su parte, establece que deben pasar al menos tres años de desaparición, salvo que se trate de un desastre o conflicto armado, lo que encaja perfectamente con este caso, pero aún no ha procedido, al menos oficialmente.
Surgen preguntas cómo: ¿Se pagarán en proporción a lo que el Estado ganaba con ellos? ¿O será el equivalente en pesos cubanos de una pensión común, que no alcanza ni para cubrir necesidades básicas?
Lo que queda al descubierto tras seis años del suceso es la lógica de un sistema que exporta médicos como recurso económico, pero los deja desprotegidos cuando las cosas salen de su control.
