Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
El Consejo de Estado aprobó seis Decretos Leyes para actualizar las normas jurídicas para los actores económicos no estatales del país, una propuesta que tiene como objetivo “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
Según los dirigentes cubanos, para estas modificaciones se tuvieron en cuenta dos objetivos fundamentales. El primero de ellos responde a cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal.
Además, se delinearon otras acciones encaminadas a “ordenar dicha actividad, de manera tal que se actúe coherentemente y que su aporte sea un verdadero complemento de la economía nacional”, según reportó el medio estatal Cubadebate.
Para ello, se presentaron los proyectos de decretos leyes modificativos del Decreto Ley 44, Sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia (TCP); el Decreto Ley 46, sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), y el Decreto Ley 47, sobre las Cooperativas no Agropecuarias.
También se incluyeron otros referentes al Régimen Especial de Seguridad Social y el Sistema Tributario aplicable a los TCP, las Cooperativas, las Mipymes y los Proyectos de Desarrollo Local.
El resultado final de estas disposiciones, añade el citado medio, fue fruto de “un amplio proceso de consulta” iniciado en 2023 en el que participaron los organismos de la Administración Central del Estado, Gobiernos territoriales, órganos decisorios, el grupo central de capacidad legislativa, actores económicos no estatales, el Consejo de Ministros y otros.
Por otra parte, durante la reunión del Consejo de Ministros se insistió en que estas no son las únicas normas jurídicas que se aplican al sector privado, las cuales “si se aplica correctamente y con un debido control (…) posibilitará un mayor ordenamiento y regulación de la economía, y a su vez de dichos actores, teniendo en cuenta su misión complementaria dentro de la economía nacional”.
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, afirmó que esta actualización “para nada es una cruzada contra las Mipymes, ni contra las otras formas de gestión no estatal”.
Como parte de su intervención quiso dejar claro que “no se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar, conducir, controlar”.
Igualmente recordó que en las normas aprobadas inicialmente estaba claro que su contenido se actualizaría a los dos años, “teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvolviera el país”.
Respecto a esas primeras normativas, Marrero agregó que “adolecían de muchos aspectos que no se previeron y dejaron un vacío jurídico que condujo a determinadas distorsiones que se hace necesario corregir, a lo cual también se unieron errores cometidos por las contrapartes estatales a la hora de la contratación”.
Por último, se conoció de la aprobación del Decreto modificativo del Decreto 49, De las actividades no autorizadas a realizar por las Mipymes, Cooperativas No Agropecuarias y TCP, así como el Decreto para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
