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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El gobierno cubano decidió posponer hasta el 30 de septiembre la implementación de la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior, una normativa destinada a regular el comercio mayorista y minorista de los actores económicos no estatales.
Uno de los puntos más controversiales de la norma, era que las Mipymes y CNA privadas que tuvieran como actividad principal la comercialización mayorista tenía que ratificar el interés de ejercer la misma pero, esta vez, con la participación del Estado.
Sin embargo, sí se cumplirá para los Trabajadores por Cuenta Propia el cese de la función mayorista pues deben culminar la liquidación de inventario de mercancías en tránsito y en plaza destinado al comercio mayorista o ventas al por mayor.
Desde que se publicó la Resolución en diciembre pasado, solo se aprobaron seis negocios conjuntos entre actividades estatales y Mipymes, demostrando el poco interés del sector privado de «entrar en juego con el Estado».
La medida representa una limitante para la operatividad de las Mipymes y cooperativas en el ámbito mayorista –que estas no están dispuestas a asumir– y demuestra la necesidad controladora de un estado que poco tiene para ofertar.
La imposición de que las ventas mayoristas se realicen exclusivamente a través de entidades estatales restringe la capacidad de las empresas privadas para establecer relaciones comerciales directas, afectando así su autonomía y potencial de crecimiento.
Dejan muchas dudas, también, los mecanismos de «integración» por los conocidos impagos del gobierno ante la falta de divisas y la poca disponibilidad de combustible para garantizar una correcta logística en los procesos de comercialización.
Aunque el gobierno aclaró que se mantiene el comercio minorista en todos los actores no estatales que tienen aprobada la actividad, representa un retroceso en las «tímidas» aperturas económicas experimentadas en años recientes.
Si bien la intención declarada de la normativa es ordenar el comercio mayorista y minorista, de entrar en vigor la Resolución se limitaría el desarrollo de las formas de gestión no estatal, esenciales para la dinamización de la economía cubana.
