Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Cuba Noticias 360
Otra vez el gobierno cubano lanza un plan de medidas para enfrentar el problema de la mendicidad en Cuba que actualmente se hace muy latente en las calles del país, producto de la crisis generalizada agravada por la inflación y la escasez de productos básicos.
Con el objetivo de atender a “personas deambulantes”, las autoridades insisten en creación un Centro de Protección Social en Las Tunas, que se sumaría a las instituciones de este tipo en territorios como Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
Desde enfermos mentales, ancianos, personas con discapacidad y hasta alcohólicos, merodean por las calles de la Isla en una alarmante situación y sin tener un lugar estable donde puedan vivir y recibir ayuda especializada
Hace poco menos de un mes, se actualizado oficialmente la política para su atención, vigente desde hace 10 años, en la cual se responsabiliza a “los Consejos de la Administración Municipal en la prevención, atención, control, seguimiento y toma de decisiones” hacia personas con una “conducta deambulante”,
En este sentido, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, destacó en que dichos centros de protección las personas se evalúan clínicamente y son atendidas por equipos especialistas para tratar este “trastorno del comportamiento humano multicausal, que constituye un modo de vida caracterizado por inestabilidad e inseguridad del lugar de permanencia, carencia de autocuidado y autonomía económica, así como de proyecto de vida favorable”, donde “habitualmente se evidencia transgresión de las normas de convivencia y de disciplina social”, expresó.
Números publicados por este ministerio, indicaban que entre 2014 y 2023 se registraron 3,690 individuos en estas condiciones; sin embargo, la realidad supera con creces esta cifra debido a que los estudios no recogieron todas las categorías y situaciones a las que se enfrentan los deambulantes.
La idea, en este momento, es diseñar un protocolo de actuación para la detección, información y traslado de personas en situación de mendicidad, sobre todo la evaluación de los territorios donde no existen centros para su atención para así poder extender la red.
Esta política también dispone la remisión al centro educacional o sanitario más cercano a aquellos menores de edad que se detecten deambulando, además, los gobiernos de cada territorio tendrán que facilitar el acceso a la rehabilitación, así como ofertas de empleo, cursos de capacitación, subsidios, vivienda y facilidades temporales para menores de 60 años y que no tengan un domicilio.
