Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Archivo CN360
De acuerdo con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, cerca de 20,000 migrantes cubanos en Uruguay están pendientes a su solicitud de refugio, y la cifra cada vez va en aumento.
Medios locales recalcan que el caso específico de los cubanos es diferente con respecto a otros migrantes, pues para entrar a Uruguay necesitan una visa, esto hace que, usualmente, utilicen la figura del refugio con el objetivo de regularizarse y poder quedarse en el país.
En la mayoría de los casos, este tipo de solicitud terminan denegándose, por ello, según el propio Albertoni, su gobierno implementa dos políticas basadas en la residencia por arraigo para los ciudadanos cubanos y la segunda en un proceso simplificado de refugio que aplican al caso de los venezolanos, quienes reportan cerca de 3,800 solicitudes.
En este sentido, el funcionario declaró que: “Cuando solicitan un refugio político es porque: realmente lo están necesitando”, pero esto no significa que le será concedido.
La idea, con las nuevas normativas, es acortar el tiempo de espera, ya sea positiva o negativa la resolución, pues algunos de demoraban hasta dos años esperando la respuesta.
El reclamo más común entre los migrantes cubanos afectados es que no exigan una visa para iniciar trámite de residencia, pero la respuesta del gobierno de Uruguay no ha sido la esperada.
Cifras oficiales confirman que aproximadamente unos 5,000 cubanos permanecen en un “limbo migratorio” en este territorio. Por un lado, no tienen estatus de refugiados y, por el otro, no pueden renunciar a la solicitud de refugio para tramitar la residencia permanente que les permitiría la reunificación familiar.
Aunque en mayo del 2024 se firmó un decreto gubernamental que permitirá a miles de cubanos en ese país resolver su situación migratoria, no se ha visto, mese después, alguna mejoría.
Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Interior de Uruguay han dejado claro que este acuerdo permitirá a los indocumentados legalizarse a través de la «residencia por arraigo”, es decir, un respaldo legal que beneficia a los solicitantes de refugio que no cumplían con las condiciones para aplicar.
