Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Cuba Noticias 360
Durante el primer trimestre de 2025, el régimen cubano recaudó más de mil millones de pesos en multas, en un contexto marcado por la inflación, la escasez y una crisis generalizada. La cifra, publicada por el diario estatal Granma, corresponde a más de 425 mil sanciones aplicadas entre enero y marzo en todo el país.
La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín encabezaron la lista de provincias con mayor cantidad de multas impuestas. Sin embargo, el informe no especifica las infracciones más frecuentes ni el perfil de los sancionados, pero los datos si son muestra de la ofensiva nacional que convierte la penalización económica en herramienta sistemática de control.
Por su parte, Heidi Bas Sosa, directora de Multas del Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró que el 90,1 % de las multas ya ha sido cobrado. Aunque reconoció que la cifra “no es lo óptimo”, consideró que refleja un “avance” para obtener mayores ingresos.
El proceso declara que quienes no paguen en los primeros 30 días deberán abonar el doble en el segundo mes. A partir del día 61, se activan mecanismos de cobro forzoso, como el embargo del salario. Además, el Código Penal considera el impago como delito, y ya se han presentado 269 expedientes ante la Policía Nacional Revolucionaria, por un valor de seis millones de pesos.
La red institucional que sostiene este sistema involucra a organismos como la PNR, el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública y autoridades locales, lo que viene a confirmar que las multas no solo cumplen una función fiscal, sino que operan como método de escarmiento social en medio del descontento creciente entre la población.
En marzo, durante el II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, el municipio habanero de Plaza de la Revolución fue escenario de una oleada de sanciones. Cuentapropistas y vendedores ambulantes recibieron multas de hasta 16,000 pesos por supuestas violaciones como venta de productos vencidos o precios abusivos.
Pero de este fenómeno, ni siquiera las entidades estatales se escapan. Por ejemplo, recordemos que una empresa en la capital fue multada por abrir un hueco frente a su local para desaguar aguas residuales, algo que el gobierno calificó como daño al espacio público. Sumemos a ello la reciente advertencia sobre el uso no autorizado de antenas para conectarse a internet, una práctica que será sancionada por “uso ilícito del espectro radioeléctrico”.
