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Texto: Fede Gayardo
Tres agrupaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda legal contra la revocación del programa de parole humanitario dirigido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La Red UndocuBlack, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, de Maryland, que cuentan con el respaldo legal del Centro de Acción por la Justicia, presentaron el recurso ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, EE.UU.
Los demandantes sostienen que la medida infringe “el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión de manera expedita de miles de beneficiarios sin una audiencia ante un juez de inmigración”.
Un reporte de la cadena Univisión citó el texto, donde se expone que la demanda se interpuso para representar “a quienes se les concedió la libertad condicional en un puerto de entrada fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o que fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela”.
La administración de Donald Trump revocó la pasada semana el estatus migratorio de aproximadamente 530,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido admitidas en el país entre el 5 de enero de 2023 y el 20 de enero de 2025.
Estos beneficiarios gozaban de un permiso para residir en el país y podían tramitar una autorización para trabajar por un período de dos años. Durante este tiempo debían buscar otra vía legal para regularizar su situación, de no hacerlo debían abandonar el territorio estadounidense.
Con la publicación en el Registro Federal del 25 de marzo, el el Departamento de Seguridad nacional (DHS) concedió una prórroga de 30 días –hasta el 24 de abril– para que los afectados puedan fundamentar legalmente su permanencia, ya sea mediante asilo, peticiones familiares, ofertas de empleo o solicitando la Visa U o T; de lo contrario, se prevé que sean removidos de “manera expedita”.
Tras imponer la demanda, Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que “nuestras comunidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) hicieron absolutamente todo lo que el gobierno federal encabezado por Joe Biden les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en EE.UU.”
Luego, añadió que “en lugar de cumplir con su parte del compromiso, el gobierno federal quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”, asegurando que “los miembros de la comunidad a quienes servimos merecen la dignidad de un día en la corte, y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”.
Por su parte, Patrice Lawrence, directora ejecutiva de UndocuBlack, sentenció que “los seres humanos no somos desechables, y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes”.
Mientras, Nick Katz, asesor general de CASA, dijo que “ya sea atacando la ciudadanía por nacimiento, secuestrando a venezolanos y obligándolos a trabajar en campos de trabajo en El Salvador, o despojando a personas de su estatus migratorio, la administración Trump ha demostrado una falta de consideración por nuestras comunidades”.
Este litigio es una respuesta de las organizaciones frente a políticas migratorias que, según los propios demandantes, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la dignidad de miles de personas, marcando un capítulo crítico en el debate sobre la justicia migratoria en EE.UU.
