Texto: Hugo León
Foto: Andrew Harnik | Shutterstock
Edward Chen, juez federal de distrito de San Francisco, suspendió temporalmente la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de venezolanos, lo que supone un beneficio inmediato para 350 mil ciudadanos cuya permanencia legal en Estados Unidos expiraría el 7 de abril próximo y otros 250 mil para los que se acababa en septiembre.
Información compartida por el medios internacionales señala que en una dura resolución de 78 páginas el juez suspendió, de forma cautelar, la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
Esta decisión, con efectos en todo el país, responde a la demanda presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país y da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, afirmó Chen en la parte dispositiva de su resolución.
Aseveró que el Gobierno no pudo identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos y que los demandantes demostraron que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria de Seguridad Nacional no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional.
“Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, añadió.
Chen valoró la decisión de anular el TPS como una acción sin precedentes, un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa y que Noem tomó 3 días después de asumir el cargo.
Recalcó que la eliminación del estatus parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad cuando existe un historial que establece que los beneficiarios venezolanos del TPS tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, poseen altas tasas de participación laboral, obtienen casi todos sus ingresos personales, contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan miles de millones en impuestos de seguridad social.
“También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indicó.
¿Qué es el TPS y qué pasó con él?
En 1990 el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley que concede el TPS para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
Dicho estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.
Entre los países protegidos con el programa se encuentran Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Yemen y Venezuela.
A finales de enero la administración de Donald Trump anunció la anulación de su extensión, la cual había sido firmada por el predecesor de Noem el 17 de enero, 3 días antes del cambio de poder en Washington.
La extensión implicaba una ampliación para los venezolanos beneficiarios: aquellos que lo recibieron en 2023 podrían mantenerlo hasta octubre de 2026 y quienes lo habían obtenido en 2021 debían volver a registrarse para extender su vigencia hasta octubre de 2026.
En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que la Secretaria de Seguridad no tenía autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo.
Asimismo pidieron la suspensión de las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.
