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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El reconocimiento tácito de que en Cuba durante años cualquier empresa estatal o unidad presupuestada contrataba un servicio o adquiría un producto de una forma de gestión no estatal y pagaba cifras millonarias “sin dolor”, salió a relucir en una entrevista recientemente publicada por un medio del interior de la isla.
Miskel Acosta Paredes, director de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus, declaró al periódico Escambray que con la entrada en vigor el pasado primero de julio de la Resolución No. 209 de 2024, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, se busca contener los gastos excesivos en que incurren las entidades estatales en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal.
La referida normativa establece que, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios, el sector estatal concierte precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos, así como la cuantía que corresponda por la aplicación de los impuestos sobre las ventas y los servicios.
“Eso impone un reto —admitió el funcionario—, porque hasta ahora los actores estatales contrataban sin hacer correctamente un pliego de concurrencia, sin acudir a un proceso de negociación, de definición acertada de precios sobre la base de su disminución. Y hoy la norma los está obligando a revisar una ficha, a definir que ese precio que los nuevos actores le están formando no tiene márgenes abusivos ni especulativos”.
Desde que se anunció oficialmente, la norma ha venido generando polémica, tanto en el sector estatal como en el resto de los actores económicos, porque de acuerdo con los expertos ha existido una tendencia de estos últimos a no declarar fichas de costo y a poner precios “a ojo de buen cubero”.
Al respecto, Acosta Paredes aseguró que la resolución sirve para proteger en la empresa y en el sector presupuestado los planes con que cuentan: “Ellos tienen un dinero, un plan, una capacidad financiera y tienen que defenderla, tienen que negociar, que regatear, como mismo lo hacemos los cubanos en la vida cotidiana”.
La normativa obligaría a corregir las distorsiones en las relaciones entre todos los actores de la economía, de acuerdo con el funcionario, quien reconoció que en el ejercicio de contratación se ha demostrado que ha existido, en ocasiones, favoritismos con ciertos actores no estatales y se ha detectado enriquecimiento de personas a partir de la contratación de productos y servicios.
“Cuando hemos revisado informes de la Contraloría General de la República se ha detectado una gran cantidad de presuntos hechos delictivos relacionados con las acciones de contratación entre los actores no estatales y el sector estatal”, recalcó.
De ahí que el Ministerio de Finanzas y Precios haya insistido en la necesidad de una norma cuyo propósito es precisamente ese: ordenar los márgenes de utilidad permisibles en la contratación entre actores de la economía.
Es una lastima que cada día sean más las normas, resoluciones, decretos, leyes que lo que hagan sea pasar trabajo a la supuesta empresa estatal socialista y los actores económicos no se les acabe de poner freno que lo unico que se está logrando es que cada día exista más fluctuación laboral hacia el sector privado buscando un mejor salario