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Texto: Fede Gayardo
En la provincia de Matanzas se llevó a cabo recientemente un proceso penal oral y abierto en el que se investiga un presunto acto de sabotaje ocurrido hace aproximadamente un año, según informó el medio estatal Cubadebate.
El incidente se centra en la conducta de un trabajador que, habiendo prestado servicio meses atrás como custodio en la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, Matanzas, ascendió la barrera perimetral de la fábrica y procedió a interrumpir la conexión de cuatro cables que unían la pizarra con el batching plant automatizado.
Como consecuencia, la producción de materiales de construcción se vio interrumpida en una industria que tenía previsto entregar prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para el fortalecimiento de su infraestructura.
Además, se registraron pérdidas económicas que superaron los 174 000 CUP, al contabilizar los costos derivados de la reparación tecnológica y la producción dejada de realizar durante ese tiempo, afectando notablemente el salario de los trabajadores, amplió una nota del periódico Girón.
En su informe oral final, la fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía territorial de Matanzas destacó que estos actos delictivos generan un perjuicio considerable tanto para la economía del país como para el ámbito familiar, debido a su impacto en diversas áreas.
“Urge tomar en cuenta, además, que se realizó en un momento en el cual el país encara una lucha sostenida por reimpulsar la economía, con escasez de recursos y una apuesta constante al desarrollo en pequeños y medianos enclaves como, por ejemplo, esta industria ubicada en Jovellanos”, enfatizó la fiscal.
Respecto a la figura delictiva de sabotaje puntualizó que, según la legislación, quien actúe con conocimiento de que puede afectar el funcionamiento normal de un sistema y proceda a destruir, alterar o dañar medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares, será sancionado con una pena de reclusión que oscila entre siete y 15 años.
El proceso, que según el citado medio matancero, se desarrolló respetando en todo momento los derechos y garantías establecidos en la Constitución fue “declarado constituido en espera de una sentencia”.
