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Texto: Fede Gayardo
La Embajada de EE.UU. en España ha solicitado a sus proveedores comerciales que suscriban un documento en el que se acredite que no aplican ninguna política interna “de diversidad e inclusión que violen las leyes antidiscriminación estadounidenses”.
Esta solicitud, según reveló El Confidencial, tiene como finalidad eliminar las iniciativas de diversidad e inclusión a pesar de que en territorio español, la normativa obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a implementar programas de Igualdad y LGTBI.
El citado medio asegura que “las empresas afectadas tienen cinco días para certificar por escrito esta nueva normativa», ya que, de no hacerlo, la sede diplomática suspenderá sus pagos.
Asimismo, amplía que la disposición se extenderá a todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con EE.UU. por lo que no se limita únicamente a España.
Cabe destacar que esta exigencia recae solo sobre aquellas operaciones sometidas a la legislación estadounidense o sobre empresas con actividad en EE.UU., por lo que una compañía española que provea servicios a la embajada pero opere exclusivamente en España quedaría exenta y podría continuar con sus propias políticas de diversidad e inclusión.
Por último, El Confidencial aseveró que “las empresas que han recibido el requerimiento están estudiando cómo compaginar la nueva exigencia de la Administración Trump con las normativas europeas al respecto”.
La acción se inscribe en la línea de directrices que Trump ha venido impulsando desde el inicio de su mandato, cuando dos días después de su toma de posesión su Oficina de Gestión de Personal remitió una comunicación a todas las agencias y dependencias del Gobierno federal, en la que se ordena el cierre de las oficinas de DEI (diversidad, equidad, inclusión) y se instruye poner en baja administrativa a todo el personal.
“Construiremos una sociedad que no mire el color de la piel y basada en el mérito”, proclamó Trump en su discurso de investidura en el Capitolio. Con esta premisa, el presidente estadounidense suprimió las políticas de DEI dentro del Gobierno, eliminando los fondos destinados a ellas y revirtiendo las órdenes ejecutivas anteriores promovidas tanto en el sector público como en el privado por Joe Biden.
