Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) ha remitido una comunicación oficial dirigida al presidente Javier Milei, en la que se le insta a suprimir la obligación del visado para los cubanos que pretendan ingresar a Argentina.
La solicitud pretende que esta medida sea un respaldo a los derechos humanos y la libertad y se encuentra disponible en el portal de la organización bajo la firma de Gabriel C. Salvia, representante legal y director general de CADAL.
En el contenido de la carta se expone la postura de Salvia, quien señala que “el régimen cubano mantiene desde hace más de seis décadas un sistema autoritario que restringe severamente las libertades fundamentales”.
Asimismo, el documento denuncia que en Cuba las garantías relativas a la libertad de expresión, asociación y movilidad se ven mermadas, evidenciando además la represión contra activistas, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos.
La solicitud insta al mandatario argentino a “dar un paso significativo a nivel internacional eliminando el requisito de visado, como un acto concreto de defensa de la libertad de quienes sufren la represión y el exilio forzoso”.
CADAL remarca que la imposición de un visado, incluso sin ser intencional en el caso de Argentina, se traduce como un impedimento adicional para aquellos que buscan “una vía de escape o una oportunidad para reconstruir sus vidas fuera del totalitarismo”.
Además, la misiva se hace eco de declaraciones previas del propio Milei, donde afirmó que “el voto más importante de todos es el que se hace por los pies”, concluyendo con el reto de ser coherente y ofreciendo al pueblo cubano “la opción de buscar en la Argentina un futuro de libertad”.
Cabe recordar, además, que en septiembre de 2024 el presidente Milei acaparó titulares internacionales durante su participación en la 79ª Asamblea General de la ONU, al calificar de “dictaduras sangrientas” a los gobiernos de Cuba, Venezuela e Irán.
El presidente argentino cuestionó en ese momento la inclusión de estos países en el Consejo de Derechos Humanos, poniendo en tela de juicio la coherencia de permitir que participen en organismos que se anuncian como defensores de las libertades.
