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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
En Cuba la relación entre cultura y economía, entre creación y mercado, siempre ha sido conflictiva, en buena medida por la percepción romántica del arte como un derecho inalienable del ser humano, sin aquilatar la dimensión financiera que la sustenta. Hay quien todavía piensa que el artista crea “por amor al arte”.
No obstante, también hay expertos que ponen los puntos sobre las íes en ese álgido asunto y advierten que no es posible eludir la dimensión económica de cualquier proyecto cultural. Sin industria no hay libros, ni cine, ni otras manifestaciones que requieren de determinados procesos que generan gastos.
Allí está, para confirmarlo, el gran potencial económico que han demostrado las emergentes industrias creativas cubanas, a pesar de la estrechez de miras, la incipiente actividad empresarial y la insuficiente inversión.
Como prueba de esa “estrechez de miras”, la reciente aprobación del Decreto 107/2024, el pasado 19 de agosto, restringe aún más al sector privado y cuentrapropista al prohibir 125 actividades, entre ellas, 12 categorías relacionadas con el arte, el entretenimiento y la recreación, incluido el trabajo cultural comunitario.
La molestia de buena parte del sector artístico cubano con esta disposición “de ordeno y mando” se ha ventilado en asambleas gremiales, en tertulias y descargas, en cualquier esquina física y, como viene siendo tendencia, en las redes sociales, donde los creadores lamentan este retroceso que no solo afecta al artista en sí, sino sobre todo a sus públicos potenciales.
El crítico, ensayista e investigador de cine cubano, Juan Antonio García Borrero, expresa al respecto en su muro de Facebook: “Para nuestros legisladores (e intelectuales y funcionarios que apoyan esa decisión), a estas alturas del siglo XXI no existe la autonomía (la libertad) del consumidor, por lo que perdura la creencia que desde la formalidad del sistema institucional que otrora gozara del monopolio de todo lo que sucedía en el terreno de la cultura, se puede seguir diseñando (Política Cultural por medio) lo que en teoría el público acatará de manera dócil”.
“Ni el Ministerio de Cultura, ni el ICAIC, ni los legisladores, tienen el monopolio de la creatividad —agrega García Borrero—. Un sistema institucional existe gracias a los creadores, y no a la inversa. Cuando la creación se tiene que poner en función de los límites establecidos por los que mandan (que ya tienen una visión del mundo bien definida), esa creación termina mutilada”.
En tal escenario, no pocos artistas coinciden en que, en lo adelante, resultará sumamente difícil encaminar proyectos privados de corte cultural, a pesar de la diversidad y complejidad de ofertas simbólicas no estatales que ahora mismo conviven en Cuba con aquellas que se gestan desde el sector público.
Ejemplo de ello son los emprendimientos que, consolidados como mipymes en su mayoría, funcionan como pequeñas y medianas industrias culturales y han convertido a bares y restaurantes en ya icónicos centros nocturnos; una necesidad que el Estado está lejos de satisfacer.
Quienes aprobaron el polémico Decreto 107/2024, en el ánimo de restringir todo lo restringible, no tuvieron en cuenta la gran variedad y el impacto social significativo que muchos de estos proyectos generan en sus públicos.
Los cubanos que en este minuto se dedican a la artesanía, diseño, producción cinematográfica independiente, publicidad, organización de eventos, enseñanza de bailes y un largo etcétera están transformando el panorama cultural y mediando la forma en que los ciudadanos interactúan con las producciones simbólicas.
Y la apropiación simbólica —llevan años insistiendo los expertos— no es algo que pueda prohibirse por decreto.
