Texto: Hugo León
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El Gobierno de Estados Unidos suspendió el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como Food Stamps, para los beneficiarios del parole humanitario, según fuentes oficiales norteñas.
La decisión llegó desde el Departamento de Seguridad Nacional y fue confirmada mediante un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La medida afectaría a más de 300 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que hasta el momento tenían derecho a varios servicios de asistencia, aunque solamente los cubanos y los haitianos podían recibir la ayuda alimentaria.
Aunque no se conocen los números exactos de los solicitantes del beneficio, sí se sabe que más de 110 mil cubanos y más de 211 mil haitianos ingresaron a Estados Unidos gracias al parole humanitario creado por la administración de Joe Biden.
¿Cuándo terminará el acceso a los food stamps?
El acceso a los food stamps se suspenderá a partir del 24 de abril, día en que quedará revocado el status legal de los beneficiarios del parole humanitario. Solamente podrán continuar recibiendo esta ayuda quienes estén inscritos en el programa y puedan demostrar que poseen otro estatus migratorio elegible para recibirla.
Hasta el momento, la decisión no afectará a los migrantes que ingresaron a EEUU por la frontera con la aplicación de CBP One, o que posean el documento I-220A.
Los food stamps suelen durar durante un año, mientras que el beneficiario no reciba una orden final de deportación, pero tras esta nueva orden, la ayuda alimentaria tiene los días contados.
¿Podían acogerse a los food stamps los llegados con el parole?
Una pregunta frecuente entre los beneficiarios del parole humanitario ha sido si pedir o no las ayudas del Gobierno de Estados Unidos. Ante esta interrogante, las opiniones se dividían en dos grandes grupos: el de las personas que pensaban que era un derecho, y el de los que afirmaban que los paroleados no podían hacer uso de la ayuda.
De acuerdo con los requisitos completados los ciudadanos estadounidenses que solicitaron ser patrocinadores, estas personas debían dar pruebas de su solvencia económica y hacerse responsables de los beneficiarios bajo su nombre, y se comprometían a brindar apoyo económico a los recién llegados durante su estadía en el país.
En el formulario I-134A, se debían dar muestras a USCIS de que los beneficiarios no serían una carga pública.
En principio, los beneficiarios del parole humanitario no deberían depender de ayudas públicas federales tales como el Medicaid, los subsidios de vivienda federales o los food stamps. No obstante, a discreción de las agencias autorizadas y del Estado en cuestión, podían acceder a cierta ayuda, sobre todo si se trataba de embarazadas, personas con condiciones médicas específicas o si eran familias con niños.
Lo que sí se estipulaba era que podían acceder de forma legal a permisos de trabajo, y una vez obtenido el documento, trabajar legalmente en territorio estadounidense.
