Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: RRSS
Una investigación realizada por el Ministerio de Comercio Interior encontró “graves violaciones” en China Import, el famoso mercado mayorista cerrado al poco tiempo de abrir al público.
Según un comunicado del Gobierno de La Habana la instalación, ubicada en Manglar entre Oquendo y Nuevo Pilar, era operado por una persona trabajadora por cuenta propia de la provincia Santiago de Cuba, a partir del arrendamiento de un antiguo almacén de la Empresa Suchel de la Industria Ligera.
“Entre las violaciones más graves se detectaron ventas de mercancías en dólares, productos a la venta sin precios visibles, no habilitación de las pasarelas de pago electrónico establecidas, contratación ilegal de fuerza de trabajo y participación como trabajadores de ciudadanos extranjeros, incumpliendo las condiciones de estancia en el territorio nacional”, refirieron.
Es por ello que tanto el Mincin como la Dirección Provincial de Comercio de La Habana determinaron el cierre del establecimiento y ampliar las acciones de control, que incluye el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Así concluyó “el tiempo de vida” de un mercado mayorista en Cuba, que mucho asociaban a un Cotsco y que osó vender en dólares sus productos de forma pública o al cambio de día según El Toque, una tasa informal que el Gobierno no reconoce pero que tampoco es capaz de establecer.
En el avance de la investigación se identificaron también significativas inconsistencias entre el importe de los impuestos pagados y los volúmenes de operaciones realizadas, esencialmente las asociadas a la importación de mercancías, lo que unido a la inexistencia de registros contables y al empleo de cuentas bancarias personales para el manejo de los fondos del negocio, constituyen indicios del delito de evasión fiscal.
También “se evidencian insuficiencias en la función de control de las autoridades administrativas implicadas, quienes no detectaron las irregularidades existentes en la etapa de aprobación y ejecución de la actividad comercial, ante lo cual se depuran responsabilidades para aplicar las medidas correspondientes”.
Aunque el comunicado concluye que “hechos como este validan el perfeccionamiento realizado al marco regulatorio para las formas de gestión no estatal y sus relaciones con el sector estatal”, quedan varias interrogantes abiertas.
Lo primero es que no se aclara si en las actividades comunicadas estaba la venta al por mayor y si estaba al tanto quienes arrendaron el local, o cómo pudo obtener la licencia comercial si las propias resoluciones del Mincin –organismo que llevó a cabo la investigación– establecen la obligatoriedad de canales de pago electrónicos para ello y es este una las “graves violaciones”.
Muchas dudas ante un proceso que inició a partir de opiniones y quejas de la población y otros elementos divulgados en redes sociales pero que, en realidad, se ven en más lugares dentro del país, aunque estos no se investiguen.
