Foto: RRSS
Texto: Fede Gayardo
Un campamento de extracción minera ilegal fue desmantelado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el kilómetro 7 de la carretera de Maleza, en las afueras de Santa Clara.
Según la información ofrecida en Facebook por el comunicador Henry Omar Pérez, durante la operación policial se detuvieron dos ciudadanos y se incautaron “herramientas y equipos utilizados en la actividad minera ilegal, incluyendo un molino y otros implementos”.
En las imágenes compartidas por Pérez se muestran tres especie de camas rudimentarias, confeccionadas con madera y sacos de yute. Al parecer, más de dos personas participaban en esta actividad ilegal aunque destaca que las autoridades desconocen la “magnitud de la operación”.
Asimismo, el internauta destaca que “se procederá a aplicar las sanciones correspondientes a los detenidos según lo establecido por la ley” y recuerda que “el peligro potencial para la vida humana, derivado de la falta de estándares de seguridad en estas operaciones ilegales, ha sido recalcado como un factor clave en la justificación de esta intervención”.
Sobre el terreno se pudieron observar objetos como una palangana, un cajón de plástico, chancletas, prendas de vestir, retazos de telas y más de una veintena de sacos llenos de piedras.
Pérez destaca también la importancia de la lucha contra la minería ilegal en la provincia, ya que su realización “sin el cumplimiento de las normas de seguridad adecuadas representa un grave peligro para la vida humana y el medio ambiente”.
Desde hace varios años, la extracción ilegal de oro y otros metales viene siendo un problema a tener en cuenta por las autoridades cubanas, quienes han llamado a adoptar medidas encaminadas a disminuir esos sucesos.
Especialistas del sector han señalado que la minería furtiva para extraer oro ha mostrado una tendencia creciente desde 2013, sobre todo en los lugares donde se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro en las zonas central y oriental de la isla.
Uno de los últimos reportes ofrecido por la prensa estatal el pasado año informó de la detención y procesamiento judicial de más de 30 “cazadores de oro”, tras verse envueltos en ilegalidades relacionadas con la extracción de este metal precioso en Camagüey.
Medios estatales recordaron en ese momento que estos hechos delictivos están previstos en el artículo 317, apartado dos del Código Penal, y establece sanciones de privación de libertad, de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas o ambas.
