Foto: Humberto Matheus | Shutterstock
Texto: Fede Gayardo
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, entregó finalmente las actas de las votaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de varios días de críticas y cuestionamientos por la “victoria” de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, dejó constancia de “haber recibido todos los recaudos solicitados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando así cumplimiento a la orden judicial”.
Según el reporte, se entregaron ante la Sala Electoral del TSJ, las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación, con los cuales se hará una revisión del resultado oficial difundido por el gobierno chavista.
El máximo tribunal de la nación empezará el “proceso de peritaje del material consignado” en un lapso de hasta 15 días, aunque se aclaró que estos pueden ser prorrogables.
Durante el mismo se citarán a los candidatos presidenciales, así como a representantes de los partidos políticos para que entreguen todos los “instrumentos electorales” que se encuentren en sus manos y para ser sometidos a un interrogatorio.
La agencia de noticias EFE, dio a conocer que entre los citados se encuentra el presidente Nicolás Maduro y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
También serán llamados varios representantes de otras formaciones políticas, secretarios generales, gobernadores y otros candidatos. Por la parte afín al actual gobierno de Maduro se citó a Diosdado Cabello, Hipólito Abreu, Ilenia Medina, Ricardo Sánchez y Didalco Bolívar.
La entrega de las actas electorales tuvo lugar después de que el pasado viernes fuerna pedidas por el TSJ como parte de una investigación que tiene como objetivo “certificar” el resultado oficial de los comicios.
Igualmente solicitó “todos los elementos” que prueben “el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático” de la institución, el cual representó un “impedimento a la oportuna transmisión de los resultados electorales”, según proclamó la institución estatal.
