Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: RL Hevia
El intento del gobierno cubano por topar los precios de “productos esenciales” y la consiguiente cacería de brujas (o de multas) que ejecutan varios ministerios en Cuba han propiciado un aumento en la cantidad de imposiciones y cierres de negocios.
Esto es propiciado por la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios que impone la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de todos los actores económicos, ya sean privados o del gobierno.
También estableció la regulación de precios minoristas máximos a productos de alta demanda, como el pollo troceado, el aceite comestible –excepto el de oliva–, detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo.
Uno de los organismos que más multa ha impuesto es el MFP. Por ejemplo, en dos días se impusieron 4 332 multas, por un valor superior a los 13 millones de pesos; mientras que la semana pasada realizaron 58 decomisos, 773 ventas forzosas, 171 cierre de establecimientos y 197 retiro de proyectos de trabajo.
Aunque no precisaron los montos, productos o establecimientos, solo informaron que fue por comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas que usa en la prestación de servicios venta de productos agrícolas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y personal que trabaja sin la contratación que corresponde.
Asimismo, resaltaron que “las principales violaciones se presentan en incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y de los regulados en la Resolución 225 del MFP”.
Por otra parte, en cuanto a las acciones de control fiscal, hasta la fecha este ministerio ha ejecutado un total de 157 mil 331 acciones y se determinan adeudos por un monto total de 2 mil 999 millones 390 mil pesos.
Otras acciones se centraron en la conclusión de 49 auditorías fiscales con un importe de 58 millones 605 mil pesos, se realizaron 2 mil 772 acciones de fiscalización con un importe de 886 millones 314 mil pesos y se revisó el cumplimiento de las obligaciones a 154 mil 510 contribuyentes, detectando subdeclaración en 99 mil 871 a los que se les determinó una deuda de 2 mil 054 millones 471 mil pesos.
Ello demuestra que desde el Gobierno continúan incrementando los controles de los procesos tributarios para captar el dinero que se está evadiendo como parte de los fraudes.
Si bien plantean que lograrán reducir el déficit fiscal y se aportará más a los procesos vinculados con el presupuesto, quedan las dudas si el crecimiento en las multas o los controles serán la solución a los problemas tributarios.
