Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Fede Gayardo
El Decreto-Ley 370, que aborda la informatización de la sociedad cubana, desató una gran controversia tras su publicación el 4 de julio de 2018, y pocos años después volvió a ser el centro de atención en medios independientes e internacionales.
Durante la crisis de la Covid-19, el Gobierno cubano intensificó su aplicación, lo que derivó en la detención, intimidación y/o sanción de alrededor de 20 periodistas no estatales, artistas y activistas políticos, quienes fueron sancionados con multas de hasta 3 000 CUP, todo bajo el amparo de esta normativa.
Ahora parece que el Estado de la isla intenta enfatizar la existencia de un instrumento que, según muchos críticos, restringe la libertad de expresión, un derecho que la Constitución de la República reconoce de manera explícita. ¿En qué consiste entonces este decreto?
La normativa se centra en regular la creación, promoción, instalación y comercialización de software y aplicaciones digitales. Desde sus primeros apartados se evidencia un marcado sesgo político, al manifestar que uno de sus objetivos es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs como instrumento para la defensa de la Revolución” (Artículo 5, inciso b).
La principal preocupación en materia de libertad de expresión surge en el artículo 68, que tipifica las infracciones vinculadas a las TICs. En concreto, su inciso i) penaliza la difusión, a través de las redes públicas de transmisión de datos, de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Posteriormente, los artículos 70 y 71 imponen sanciones económicas —de 3 000 o 10 000 pesos— y disponen el decomiso “de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones”.
La vaguedad del inciso i) del artículo 68 resulta tan evidente que roza lo absurdo. En primer lugar, se alude a las redes públicas de transmisión de datos, pero ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones en Cuba, no se corresponde con esa definición, ya que sus servicios se ofrecen a precios elevados. Asimismo, Facebook, la red social más utilizada en el país, donde se registran las publicaciones “delictivas” de los sancionados, es una entidad privada y no una red pública.
Además, el decreto establece que se sancionará la difusión de “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Esta redacción deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias, permitiendo que los inspectores definan a su criterio qué contenidos encajan en esa categoría.
Hasta el momento, se ha observado que se castigan mayormente aquellos mensajes que denuncian la ausencia de libertades, las dificultades económicas y las violaciones a los derechos humanos en el país.
Por otra parte, las atribuciones conferidas a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones (Artículo 9) no incluyen el seguimiento sistemático de las publicaciones en redes sociales.
Conforme al Artículo 1, el decreto designa al Estado como el único ente legal encargado de promover el desarrollo y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mientras que el Artículo 68 define las sanciones por las infracciones cometidas en este ámbito.
Diversos medios de prensa y organismos internacionales han denunciado la inconstitucionalidad de esta norma. La Constitución de la República, en su Artículo 40, consagra la «dignidad humana como valor supremo»; el Artículo 47 garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad; y el Artículo 54 asegura “la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Por ello, cualquier restricción a este derecho contraviene el ordenamiento jurídico superior.
Entre las acciones en contra de la normativa, vale recordar la declaración de periodistas, intelectuales, científicos y activistas, respaldada por más de 2 000 firmas y dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En ella, además de rechazar el cumplimiento del Decreto-Ley, los implicados se rehúsan a abonar las multas impuestas. Esta acción impulsó una campaña internacional en defensa de la libertad de expresión en Cuba, pero a pesar de ello la normativa legal sigue aplicándose, en mayor o menor medida, en la isla.
