Foto: RRSS
Texto: Hugo León
El Ministerio del Interior (MININT) detuvo un ciudadano en Manzanillo, provincia de Granma, quien tenía una casa-almacén de medicamentos producidos en Cuba y sin documentación legal.
En el domicilio incautaron una cantidad considerable de sustancias e insumos médicos para su comercialización, de las cuales el ciudadano no poseía registro ni papeles de procedencia.
Entre los fármacos encontrados destacan antibióticos, insumos de cirugía de todo tipo, medicamentos controlados, sondas, hilos de sutura, entre otros.
Falta de medicamentos en Cuba
A finales de 2024, de los 651 productos que conforman el Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba, 461 se encontraban entre falta total y baja cobertura.
En este escenario, en el que más del 70% de los fármacos que comercializa la red de farmacias no están disponibles, el acceso a estos productos en la Isla se ha redireccionado hacia el mercado negro.
Ante un déficit tan grande, algunos cubanos han optado por la importación para luego revenderlos a precios exhorbitantes en grupos de WhatsApp o en redes sociales como Telegram o Facebook.
Medicamentos como el Alprazolam tienen actualmente un valor de 800 pesos (20 tabletas), el salbutamol en spray a 1500 pesos (200 dosis) y la penicilina benzatinica a 600 pesos.
Lo más preocupante del asunto es que no solo se comercializan productos extranjeros, sino que aquellos de producción nacional, los cuales deberían ir directamente a la red de farmacias del país, terminan misteriosamente en las mismas manos, lo cual demuestra la falta de control en las unidades estatales.
Entretanto, en policlínicos y hospitales muchos médicos prefieren no rellenar recetas y se limitan a realizan un método, a sabiendas de que los pacientes deberán adquirir los medicamentos en redes ajenas al sistema de salud.
También es común que, ante la necesidad de un proceder médico en una instalación hospitalaria, le exijan a los pacientes acudir con determinado insumo para poder realizar el proceder, recargando en la población la responsabilidad del Estado de brindar un servicio vital y público.
