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Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Primero un juez federal de Seattle y luego otra jueza de Maryland, han bloqueado la aplicación por parte del gobierno de Trump de la orden ejecutiva de eliminar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento.
John Coughenour y Deborah Boardman han emitido una orden de restricción temporal que impide a Trump aplicar el decreto.
«Es una orden descaradamente inconstitucional», apuntó Coughenour, frente a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden del presidente.
Boardman, por su parte, dejó claro que ningún tribunal en EE.UU. ha respaldado la interpretación de la administración Trump de la Decimocuarta Enmienda. Declaró: “La ciudadanía es un derecho más precioso, otorgado expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”.
En este sentido, la jueza añadió que “solo una orden judicial a nivel nacional proporcionará un alivio completo a los demandantes”.
De hecho, este miércoles Deborah Boardman preguntó a un abogado del gobierno si apelarán su decisión, a lo cual dicho abogado no pudo responder.
Unos 22 estados y otras organizaciones ya han demandado para intentar detener la acción ejecutiva. Aquí se incluyen grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes como CASA y el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo así como varias madres embarazadas.
La agencia AP aludió al argumento de los demandantes: “El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento es un fundamento de nuestra democracia nacional, está entrelazado en las leyes de nuestra nación y ha moldeado un sentido compartido de pertenencia nacional para generación tras generación de ciudadanos”.
La respuesta del gobierno fue que: “La Constitución no alberga una cláusula beneficiosa que otorgue la ciudadanía estadounidense a, entre otros: los hijos de aquellos que han eludido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración”.
Unas diez órdenes ejecutivas sobre inmigración firmó el presidente Donald Trump cuando apenas llevaba días en su mandato, las cuales incluían deportaciones masivas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.
Algunas de estas medidas ya se aplican, pero otras, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, enfrenta desafíos legales.
