Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
En un contundente y muy mediático primer día de gestión, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que deja sin efecto una de las últimas decisiones de su predecesor, Joe Biden: la eliminación de Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.
Este movimiento marca el retorno de una política más rígida hacia la isla y deshace 78 acciones ejecutivas tomadas por Biden durante su mandato.
El origen de la controvertida decisión de Biden se remonta a un acuerdo facilitado por el Vaticano, en el que La Habana se comprometía a liberar a prisioneros considerados “injustamente detenidos” por Estados Unidos.
Hasta el domingo pasado, según medios internacionales de prensa, 130 presos políticos habían sido liberados como parte de la promesa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de excarcelar a más de 553 detenidos. Sin embargo, la acción de Trump deja en vilo el futuro de estas liberaciones.
Además, el mandatario republicano restableció un memorando de su primer mandato que sanciona a empresas militares cubanas, desmantelando la decisión de Biden de eliminar estas restricciones. Esta serie de pasos refuerza la postura de Trump sobre la influencia política detrás de la lista de patrocinadores del terrorismo.
El debate sobre la inclusión de Cuba en esta lista no es nuevo. Desde su primera incorporación en 1982 bajo el gobierno de Ronald Reagan, el país ha ido y venido en función de las dinámicas políticas.
Barack Obama, por ejemplo, la retiró en 2015 como parte de un esfuerzo por normalizar relaciones diplomáticas, mientras que Trump la reincorporó al final de su primer mandato, citando la protección a fugitivos estadounidenses y guerrilleros colombianos.
Aunque la administración de Biden había considerado factores como la petición del presidente colombiano Gustavo Petro para tomar su decisión, el impacto de la orden ejecutiva de Trump plantea preguntas sobre si el gobierno cubano continuará liberando prisioneros políticos.
En el plano diplomático, las autoridades cubanas, que habían lanzado campañas para salir de la lista, critican la acción de Trump como un acto político que agrava las dificultades económicas y sociales en la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, había advertido que estas decisiones precipitadas podrían deslegitimar el propósito de la lista, al ser percibidas como motivadas por intereses políticos en lugar de preocupaciones de seguridad.
El regreso a políticas más estrictas contra Cuba abre un nuevo capítulo de tensión en las relaciones bilaterales, cuyo impacto se sentirá tanto en la esfera política como en la vida cotidiana de los cubanos.
